Una Historia Oficial(ista) sesgada...

Ensayo
Bicentenario: la historia como mentira infame

El constitucionalista José Miguel Onaindia critica en este texto la visión sesgada de la historia que domina la interpretación oficial del Bicentenario. En particular, cuestiona la extendida noción de que en el Centenario no existían las leyes sociales. Y afirma que el respeto por el relato histórico permite el pensamiento plural y es una modalidad del respeto por la diversidad cultural, que es el signo de las democracias contemporáneas.

Por José Miguel Onaindia* - Publicado el 14.08.2010 en Perfil.com


En la sesgada versión que de la historia el oficialismo realiza para celebrar el Bicentenario, se omitieron datos y afirmaron hechos erróneos que alteran el pasado e impiden una interpretación plural de lo sucedido en nuestra patria. Un hecho histórico puede comprenderse de diferentes formas y permite la construcción de un relato diverso. Pero la negación de un hecho, o su omisión, sólo conduce a conclusiones que deforman la memoria y sustentan un pensamiento único y pueril.

Entre los numerosos secretos y mentiras que se usaron para narrar nuestra historia, en palabras e imágenes, se afirmó que en el Centenario no existían leyes sociales. El dato es falso y omite acontecimientos que favorecen una versión parcial de la historia y simplifican su interpretación. Ello es así porque, además de desconocer cómo se gestó la organización nacional y las ideas que le dieron sustento –como por ejemplo las afirmaciones de Jean Jacques Rousseau cuando, en el Discurso sobre la desigualdad entre los hombres (1795), propuso que la igualdad no se reflejara sólo en el reconocimiento de los derechos individuales sino también en el uso y goce de la propiedad mediante una distribución igualitaria de los bienes–, niega hechos legislativos concretos que se sancionaron antes de la celebración del Centenario y el surgimiento del peronismo.

El sustento ideológico del constitucionalismo social y del pensamiento socialdemócrata que lo fundamenta estuvo presente en la Argentina desde los comienzos de la organización nacional. La constitución histórica contuvo cláusulas progresistas y anticipadas a su tiempo que permitieron el desarrollo de una profusa legislación social y de una jurisprudencia que aceptó el bien común como un límite al ejercicio de los derechos individuales, especialmente aquellos de contenido patrimonial. Los pensadores que la inspiraron dedicaron su reflexión a las cuestiones sociales. Basta recordar que Esteban Etcheverría, escritor esencial de la generación del ‘37, dio por título a una de sus obras capitales El dogma socialista.

En el texto de nuestra carta originaria encontramos la base normativa de estas medidas y de una concepción del rol del Estado mucho más activa que la del “estado gendarme”, en boga en esa época. No puedo dejar de señalar el texto del entonces artículo 67 inc. 18, denominada cláusula de la “prosperidad o del progreso”, cuya redacción ha quedado intacta luego de la reforma de 1994. Esta cláusula contiene una serie de actividades que el Estado nacional debe impulsar y que son concurrentes con las provincias, puesto que pueden complementarlas dentro de sus territorios. Quedan incluidas en este inciso una cantidad de normas que importan al cumplimiento del bien común y la actuación del Estado en todos los ámbitos que justifican su existencia. Estos objetivos están íntimamente relacionados con los fines del Estado enunciados en el preámbulo de nuestro texto constitucional.

En base al contenido de este inciso, que ordena al Congreso de la Nación proveer lo conducente “...al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria”, la Argentina, con el liderazgo de Sarmiento, instrumentó su arma más revolucionaria y transformadora: el sistema de enseñanza pública. La ley 1.420 que impuso el carácter gratuito, laico y obligatorio del sistema educativo y las normas, instituciones y actos que lo complementaron, permitieron que nuestro país creara el instrumento que le daría personalidad única en la comunidad internacional y le permitiría combatir con éxito la pobreza y la inequidad social.

No es honesto obviar este sistema en un análisis de la evolución social en nuestro país, porque la reducción del analfabetismo, la movilidad social que implicó, y la integración del inmigrante y los nativos derivada de su aplicación, fueron las bases indispensables para el dictado de la legislación social y el progreso de la jurisprudencia desde comienzos del siglo XX. Como tampoco puede obviarse, por su impacto en la organización plural de la sociedad, la sanción de la ley de matrimonio civil (ley 2.393) que quitó a la Iglesia Católica el registro de los matrimonios y creó una institución que permitió el derecho a casarse y formar una familia a las personas de diversos credos o que no profesaran religión alguna, anticipo del matrimonio igualitario recientemente sancionado.

Antes de la inclusión de las cláusulas sociales en el texto constitucional, que se produce en la reforma de 1949, nuestro país desarrolló una legislación social que en algunos casos (accidentes de trabajo, jornada laboral, indemnización por despido arbitrario) tuvo vigencia por varias décadas. Si fijamos el punto de partida de esta legislación protectoria del trabajo en relación de dependencia en 1905, con el dictado de la ley de “descanso hebdomadario” –dominical– (ley 4.611), iniciativa del diputado socialista Alfredo Palacios, advertimos que nuestro país se adelantó en esta materia a muchas naciones, y permitió la adecuación del estado de derecho a los requerimientos sociales y a las más avanzadas ideas que los grupos inmigrantes trajeron a nuestro país. Socialistas, anarquistas, radicales, demo-progresistas, feministas y otros grupos políticos desplegaron su acción para lograr que el Estado atendiera sus requerimientos. En este punto creo que es justo destacar nuevamente la flexibilidad del texto de 1853-60, que a través de cláusulas concretas y del espíritu que la inspiraba, cobijó sin grandes conflictos jurídicos este desarrollo, pues su propia normativa (art. 33) consagraba los derechos implícitos “…pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

Para la celebración del Centenario también se había sancionado la ley 5.291, que regulaba el trabajo de mujeres y niños, luego reformada por la ley 11.317 de 1924, y se había creado un Departamento Nacional del Trabajo para que desde la administración se atendieran los problemas surgidos del trabajo, definitivamente consolidado en 1912. En 1904 fue enviado al Congreso nacional el primer proyecto de Código de Trabajo que se redactó en nuestro país y cuyo autor fue Joaquín V. González. Luego, sólo durante el gobierno de Arturo Illia, se elaboró otro proyecto integral pero tampoco obtuvo tratamiento parlamentario, pese a que el art. 14 bis ordenó el dictado del Código de Trabajo y Seguridad Social entre los códigos de fondo, aún carente de sanción y de proyecto en estudio.

Tampoco estuvo ausente la legislación en materia de seguridad social, porque en 1886 se sanciona la ley 1.909 que instaura una jubilación para maestros, en 1887 con la ley 2.219 se instituye un régimen para el personal de la Administración Pública y en 1904 mediante la ley 4.349 se crea la Caja Nacional de Jubilaciones para Funcionarios, Empleados y Agentes Civiles de la Administración. La conciencia de lo imperioso de cubrir las necesidades de quienes debían, por razones de edad, dejar sus trabajos, estuvo presente aunque su universalización llegara décadas más tarde.

Si pensamos en los derechos culturales, la ley 4.195 de 1903 estableció la abolición de la censura teatral, hecho paradojal porque a partir del primer golpe de estado de 1930 y, con especial énfasis, a partir del golpe de 1943, se consolida un sistema de censura de publicaciones y espectáculos cuya descripción constituye una elíptica narración del autoritarismo en Argentina.

Pero no son sólo leyes sino también la jurisprudencia la que da cuenta de esta evolución, pues reconoció la constitucionalidad de normas restrictivas del derecho de propiedad y limitó su ejercicio por razones de interés público. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la ley 11.157, que congeló los alquileres de inmuebles urbanos destinadas a vivienda, comercio o industria, porque interpretó que ,tratándose del interés de la mayoría de la población, “…no son solamente condiciones de humanidad y de justicia social las que reclaman su intervención, sino también su interés directo, ya que es elemental que una situación afligente del mayor número tiene que repercutir desfavorablemente sobre la economía general, dada la vinculación lógica de todos los intereses materiales” (caso “Ercolano” del 28 de abril de 1922).

La existencia de estas leyes y criterios jurisprudenciales constituyen un hecho innegable. Su interpretación puede ser múltiple y la admisión de su existencia no implica –como en mi valoración personal– realizar un panegírico o siquiera una adhesión a ese período histórico, pero la omisión de esos actos constituye una deformación del pasado de gravedad institucional porque viola derechos humanos fundamentales, como el derecho de aprender y pensar sin interpretaciones elaboradas e impuestas por quienes detentan el poder del estado.

En 1962 el director William Wyler llevó por segunda vez al cine la adaptación de una pieza teatral de Lilian Hellman (The children’s hour), cuya traducción a nuestro idioma –arbitraria en lo literal pero certera en lo sustancial– fue La mentira infame. El filme narra la historia de la destrucción de dos honestas docentes y su proyecto pedagógico por la mentira de una alumna resentida. El drama individual que produce la deformación de la realidad es asimilable con consecuencias más graves en una comunidad. Cuando las máximas autoridades del país y quienes colaboran en su reconstrucción del pasado desconocen y esconden hechos sucedidos, sea por ignorancia o por decisión deliberada, también incurren en una mentira infame (“que carece de honra”, según el diccionario) por sus efectos. El respeto del relato histórico es una modalidad del respeto por la diversidad cultural, que es el signo de las democracias contemporáneas. Su negación, la imposiblidad de un pensamiento plural y complejo. Los resultados ya los conocemos. Como afirmó Albert Camus, “cuando la inteligencia se apaga, comienza la noche de las dictaduras”.

*Constitucionalista. Presidente de la Fundación Internacional Argentina.

Fuente: Bicentenario: la historia como mentira infame, por José Miguel Onaindia - Perfil.com - 14/08/10
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Jorge Lanata y el numero del Bicentenario.

Al padre de la Patria, en el año del Bicentenario, nuestro sincero homenaje en otro aniversario de su fallecimiento.

Al Padre de la Patria:
José de San Martín, en el 160º aniversario de su muerte.

El 17 de agosto se cumple 160 años del fallecimiento de Don José de San Martín, artífice de la Independencia Argentina y, junto a Simón Bolivar, Libertador de América.



Hoy, 17 de Agosto, se cumple un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín, el Libertador de América. En Argentina lo recordamos como el “Padre de la Patria”. En el Perú, se lo recuerda como libertador de aquel país, con los títulos de “Fundador de la Libertad del Perú”, “Fundador de la República” y “Generalísimo de las Armas”. En Chile su ejército lo ha destacado con el grado de Capitán General.

Pero más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional (Bartolomé Mitre, a través de su monumental Historia de San Martín, y Ricardo Rojas con su Santo de la Espada, forjaron la imagen del héroe). Su célebre figura en el mundo y su heroico proceder, nos hace recordar que otra conducta (de honestidad, valentia, dignidad...), otra entrega y resignación por la patria aun es posible. Por eso, rememorar su vida a partir de un nuevo aniversario de su muerte es recordar ese relato que escuchamos en los actos escolares de nuestra infancia, esa gran narración que nos conformó como comunidad y que debemos pensar y reconsiderar en nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana. Nuestros respetos, a la memoria del General, Don José de San Martin.
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"Costumbres Argentinas", por Beatriz Sarlo.

Opinión
Costumbres argentinas
Beatriz Sarlo

La corrupción no le importa a nadie, me dice un amigo. Los miles de minutos emitidos y de centímetros impresos destinados al tema se justificarían por lo menos en una de las dos razones siguientes: la corrupción es una noticia que la gente sigue con interés, o esas incesantes noticias finalmente llegan a interesar a lectores y televidentes.

Pero si mi amigo tiene razón, se gasta pólvora en chimangos, no sólo porque escasean los jueces y fiscales que se atrevan con la corrupción, sino también porque a muchos argentinos les resulta más o menos indiferente, aunque no lo digan de modo explícito porque sería un cinismo que pocos están dispuestos a practicar abiertamente.

La democracia aparece como un régimen que brinda oportunidades para delinquir desde el gobierno y no asegura el castigo de quienes las aprovechan. Pero las dictaduras también han demostrado ser regímenes corruptos. Los regímenes excepcionales, como el de Fujimori, en Perú, no exhibieron menos, sino más corrupción que otros, y democracias surgidas de revoluciones populares o campesinas fueron rápidamente colonizadas por un Estado que practicó la corrupción de modo piramidal y con un orden que todos los subordinados debían respetar.

Por cierto, no es ninguna garantía de menor corrupción que los gobiernos sean ocupados por elites que ya poseen fortunas cuando llegan al Estado; tampoco es una garantía que sean hombres venidos desde abajo, en largas luchas, los que arriben finalmente al poder.

Lo que acabo de describir sería un sistema universal e inevitable contra el que, como está en la naturaleza de las cosas, no se podría hacer nada. Sin embargo, hay países donde la corrupción está mal vista por la clase política en su conjunto. No es necesario ir muy lejos: Uruguay y Chile ofrecen ejemplos cercanos. Recuerdo, hace algunos años, leer en los diarios chilenos el escándalo provocado por un legislador que se había quedado con una suma que en la Argentina sería considerada de libre uso (un "vuelto", diríamos con desvergonzada sinceridad). La opinión pública condenó duramente a algunos parlamentarios británicos por gastos que aquí serían livianamente considerados parte de sus prerrogativas, y hace pocos días un ministro del nuevo gobierno debió renunciar porque había usado una asignación de alquileres para pasársela a su pareja, como si fuera un inquilino.

Es escéptica y superficial una sociedad que no les hace pagar las consecuencias de sus actos a políticos que han sido denunciados como corruptos. Se apasiona con el chimento, lo consume como si se tratara de noticias aparecidas en revistas de celebrities , a las cuales tampoco les hace pagar con su prestigio el descubrimiento de que poseen autos importados de modo flagrantemente irregular. Las celebrities , entre sus atractivos fatales, tienen el de ser transgresoras. Pero a las celebrities se las ama y a los políticos, no. Hay una disposición a creer cualquier cosa de cualquiera, y por lo tanto a pronunciar la peor de las frases de la antipolítica: "todos son corruptos".

Verdaderos problemas de la política quedan neutralizados por la indiferencia. Nadie se vuelve menos alerta ante la corrupción por falta de datos, porque los datos abundan. La cuestión pasa por la experiencia del castigo: los corruptos sin castigo son un ejemplo tan persuasivo como el de quienes no pagan sus impuestos y quedan alojados en nichos donde finalmente los pasa a recoger el camión sanitario de alguna moratoria.

En los países donde las transgresiones son duramente sancionadas, la corrupción o la evasión impositiva, tanto como sanciones morales, hacen correr el riesgo de sanciones penales. Esos crímenes no son tratados como un caso de conducta revoltosa en el último año del secundario.

Cuando la sanción penal es dura, la moral tiene un mejor terreno para implantar su discurso: se sabe que no hay que delinquir porque está mal, pero también porque existe la pena apropiada al delito. Fuera de ese régimen de delitos y penas, la ética pública se vacía de fuerza performativa.

Pero más importante que esto quizá sea el hecho de que es complicado convertir la corrupción en algo políticamente significativo. Quien estuvo cerca de lograrlo fue Carlos Alvarez. En 2000, renunció a la vicepresidencia de la República cuando estalló el escándalo de la compra de senadores. Ese acto "politizó la corrupción", es decir que la mostró no sólo como una falta moral sino también como el arma más destructiva utilizada sobre el Congreso. El camino que luego siguió Alvarez no insistió en esta línea, pero su renuncia tuvo un valor pedagógico, aunque de efecto breve.

Politizar la corrupción es sustraerla del terreno donde hoy se la muestra: el de una anomalía que se olvida para ser reemplazada por otra y, así sucesivamente, el corrupto de mañana desaloja al corrupto de ayer, confirmando el prejuicio antipolítico expresado por la frase obtusa "todos son corruptos".

El caso del majestuoso enriquecimiento del matrimonio Kirchner, que fue tan rápidamente considerado inimputable por un magistrado servicial, debiera ser explicado mejor no sólo en los detalles de una inversión inmobiliaria afortunada.

La democracia amplía las oportunidades para mucha gente que en otros regímenes no estaría en el gobierno. Esto es óptimo. Pero también amplía cuantitativamente el universo de personas que serán sometidas a todas las oportunidades que se tienen en el poder o cerca de él.

Esta desigualdad entre representantes y representados es peligrosa siempre, porque el representante sabe antes que el representado de dónde puede sacarse una tajada. Por otra parte, el representante tiene más posibilidades que el representado de inventar un discurso que justifique sus acciones. El más habitual hoy es el de los costos de la política. Los partidos necesitan financistas privados a los que se retribuye con contratos del Estado. Y esto ha sucedido no sólo en la Argentina.

De alguna manera se difunde la idea de que sólo alguien muy rico puede pagarse una campaña electoral y, entonces, la competencia queda entrampada entre el millonario y el corrupto (cuando no entre la fusión de esas dos figuras en el mismo hombre). Kirchner necesita enriquecerse porque su futuro político pasa por tener los medios para seguir en el escenario aun cuando pierda las elecciones.

Por otra parte, el ciudadano puede pensar sin malicia consciente que muchos no dejarían escapar una oportunidad tan generosa como la que se les ofreció a los Kirchner para expandir su capital. Hacer negocios lícitos y no lícitos con el Estado es una tradición argentina. Al continuarla, Kirchner cumple un sueño y adhiere a una costumbre. El crecimiento de una fortuna más allá de tasas que resulten verosímiles implica haber saltado sobre la oportunidad; desprevenidamente, podría creerse que con esto no se le roba a nadie, como si cualquier delito de corrupción se redujera a la figura del robo.

Las zonas grises abundan y son aquellas en las que es más difícil establecer un juicio si no se tiene muy claro cuál es la separación entre lo público y lo privado.

La depredación de lo público no es una actividad que sólo sea practicada por los políticos. Los delitos ecológicos, para poner un ejemplo, no son robos sino depredaciones tan evidentes como que se usa un curso de agua público para envenenarlo con basura industrial privada.

La otra corrupción, directamente política, es la que sucede con el manejo discrecional de los fondos públicos. Cuando algunas organizaciones sociales reclaman que los subsidios no sean manejados por los intendentes hacen centro en una estrategia de poder que confunde las lealtades electorales con los medios para conseguirlas.

Dejando de lado la posibilidad de que esos intendentes realicen actos de corrupción que los favorezcan directamente, lo que hacen es utilizar fondos que no les pertenecen, administrándolos en su favor o en el del gran caudillo que los adjudica. El carácter intrínsecamente corrupto de esta maniobra tiene tanto que ver con el uso político de fondos sociales como con las ocasiones de enriquecimiento personal de los jefes municipales que son responsables del desvío. Volver sobre estos casos es politizar la corrupción, porque estas maniobras realizadas con fondos públicos afectan derechos de ciudadanía.

Es obvio que, sin perder el eje de una moralización de la política, lo que parece necesario es una ininterrumpida politización de los discursos sobre la corrupción.

Esto quiere decir: extraerla de la esfera moral y definirla siempre como cuestión política, ya que la hace posible el ejercicio del poder; explicarla siempre en términos políticos, incluso cuando parece responder a extravíos personales; distanciarse del cualquierismo que afirma que todos fueron, son y serán así; señalar los usos privados de lo público como transgresiones que destruyen la vida política y social y el funcionamiento mismo de la economía; impugnar la idea de que es posible ejercer el poder de manera corrupta y, al mismo tiempo, eficaz, democrática y popular. Imposibilitar la ecuación que, en su momento, benefició a Menem: son corruptos pero gobiernan. Simplemente, si son corruptos no deberían gobernar y si gobiernan no deben ser corruptos.

Fuente: Opinión - Costumbres argentinas, por Beatriz Sarlo - La Nación - 10/06/10
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