Especial Bicentenario
Nudos que ataron el despegue argentino
Cuatro puntos de vista sobre los obstáculos que nos impiden crecer
Luis Alberto Romero
Investigador del CONICET, dirige el Centro de Estudios de Historia Política de la UNSAM y es profesor de Historia Social General en la UBA.
Profesión: historiador
Edad: 56 años
Libros: Breve historia contemporánea de la Argentina y La crisis argentina. Una mirada al siglo XX , entre otros.
Hoy los tres nudos de la política tienen un punto de referencia: las promesas de 1983 sobre una democracia institucional y un estado providente. Los problemas se proyectan sobre un telón de fondo de referencia ineludible: la transformación social de las tres últimas décadas y la formación de un bloque de la pobreza difícil de disolver.
El primer nudo es la democracia. La que realmente tenemos está lejos de los prospectos de 1983. La clase política tiene un nivel profesional muy bueno, pero está demasiado encerrada en sí misma, con muchas preocupaciones corporativas, poco control por parte de los partidos y pocas defensas frente a las presiones del Gobierno. La sociedad no puede controlarla mucho, porque cada vez hay menos ciudadanos, en parte por la desilusión, pero sobre todo por la pobreza. La Argentina anterior a los años setenta engendró una ciudadanía activa, interesada y educada, que pasaba sin solución de continuidad del activismo social al político. Conocimos a esos ciudadanos en 1983. Pero es difícil imaginar que surjan ciudadanos como aquellos en mundos donde la subsistencia diaria no está asegurada, sin empleo regular, ni educación ni salud. Para quien está sumergido, una elección es el momento para obtener algo de inmediato. Por esa vía han reaparecido los "gobiernos electores", como los había antes de la ley Sáenz Peña: autoridades que construyen los resultados electorales. Algunos operan en provincias chicas con mucho empleo público. Otros utilizan las redes de la pobreza de las grandes conurbaciones, con sofisticados mecanismos clientelares. Pero en ambos casos, todo se inicia y revierte en el dueño de los recursos, que es la cabeza del poder Ejecutivo.
El segundo nudo es la república. En una cuestión central, como lo es la división de poderes, se advierte la manifiesta debilidad de la institucionalidad republicana. En 1983 se creyó arraigada una democracia institucional que la Argentina no había conocido nunca. Antes -y dejando de lado las dictaduras-, la tradición presidencialista del siglo XIX se potenció con la democracia de masas, plebiscitaria y unanimista de Yrigoyen y Perón. Sólo tras la última dictadura se valoraron las instituciones que regulaban y limitaban el poder. Pero gradualmente, a caballo de las dos crisis de 1989 y 2001, y con el eficaz argumento de la situación de emergencia, el Ejecutivo fue acumulando facultades que el Legislativo le transfirió voluntariamente. Hoy, quienes quieren revertir esta situación deben enfrentar un argumento sólidamente instalado en la cultura política: lo "formal", la institucionalidad y la división de poderes sólo son trabas para que los gobiernos populares realicen la felicidad del pueblo.
El tercer nudo es el Estado. La Argentina tuvo otrora un Estado potente, capaz de ejecutar políticas y también de conceder privilegios a los grupos corporativos, que finalmente lo colonizaron y corroyeron. Desde 1976 se viene practicando lo que se ha llamado la reforma del Estado. A excepción de los años de Alfonsín, esta reforma ha consistido en reducir o simplemente suprimir aquellos instrumentos que le permitían al Estado regular y normar la vida social, así como los que servían para ejecutar sus funciones esenciales, como la educación, la salud y la seguridad. Simultáneamente, esas reformas han potenciado los mecanismos prebendarios, cada vez más personalizados. El Estado se ha convertido en el instrumento de sucesivos grupos depredadores instalados en él; una herramienta inútil para ejecutar políticas consistentes, y mucho menos para formular las tan demandadas políticas de Estado. A diferencia de lo que ocurre con la república, nadie niega que haya que mejorar el Estado, pero cada grupo que ocupa el gobierno contribuye a completar su destrucción.
En el cruce de estos tres nudos se encuentra nuestra fuerza política mayoritaria: el peronismo, un mundo complejo, con componentes diversos. Pero lo que hemos conocido de él desde 1983, con pocas excepciones, se ha caracterizado por perfeccionar las prácticas de los gobiernos electores, por potenciar el presidencialismo en detrimento de la república y por depredar alegremente el Estado, a veces con el discurso neoliberal y otras con el estatista. Seguramente hay otros peronismos. Sería bueno que emergieran y vinieran a cortar estos tres nudos gordianos.
Roy Hora
Doctor en Historia Moderna. Investigador del Conicet. Profesor en las universidades de San Andrés y Nacional de Quilmes.
Profesión: historiador
Edad: 44 años
Libros: Los terratenientes de la pampa argentina y Los estancieros contra el Estado.
El primer elemento a destacar se refiere al recelo de nuestra principal tradición política ante la idea y la práctica del pluralismo. No se trata de un fenómeno nuevo. Las agrupaciones conservadoras de la república oligárquica, el radicalismo en sus tiempos de partido mayoritario y más tarde el justicialismo se concibieron como la expresión de los auténticos intereses de la Nación. Erigidos en los promotores de la estabilidad y el progreso, la soberanía popular o la justicia social, nuestros grandes partidos hostilizaron a sus opositores y les denegaron legitimidad. La concepción polarizada y agonal del conflicto político que subyace a esta manera de concebir la disputa por el poder ha servido para estimular la movilización popular. Sin embargo, muchas veces ello se logra al costo de dañar las instituciones y afectar los derechos de las minorías. Así, la lucha política adquiere un fuerte sesgo confrontativo, que históricamente ha sido promovido tanto desde el gobierno como desde la oposición. En otras latitudes, la disputa también supone diferenciación y antagonismo, ganadores y perdedores; en nuestro país, sin embargo, la hondura de las tensiones políticas suele exceder las que dividen al cuerpo social. Más que funcionar como un agente moderador del conflicto, la vida política tiende a exacerbarlo. Y con ello la capacidad de los actores del campo político para alcanzar acuerdos sustantivos que permitan la formulación de políticas públicas consistentes y sustentables en el tiempo enfrenta obstáculos considerables.
Los problemas suscitados por este tipo de dinámica confrontativa se amplifican porque en las últimas décadas el Estado perdió capacidad para incidir sobre la sociedad. La fragilidad estatal no constituye un rasgo congénito de nuestro orden institucional. En el último tercio del siglo XX, sin embargo, el sector público mostró dificultades crecientes para proveer el tipo de bienes que le reclama una sociedad cada vez más heterogénea y exigente. El problema presenta dos facetas. El peso de las obligaciones externas, creciente desde la crisis de la deuda de comienzos de la década de 1980, ha recortado el margen de maniobra del sector público de manera drástica. Al mismo tiempo, el cambio en la sociedad, y la emergencia de nuevas demandas (las nuevas formas del crimen, la provisión de servicios de salud de alta complejidad, el envejecimiento de la población o la expansión de la educación superior) plantean desafíos de una magnitud y complejidad sin precedentes. Muchas veces, éstos exceden los recursos de una burocracia que percibe modestas retribuciones materiales y simbólicas, y que además debe actuar en un escenario signado por una alta volatilidad tanto del entorno macroeconómico como de la orientación general de las políticas públicas. La brecha entre la amplitud y la calidad de la oferta estatal de bienes públicos y las demandas ciudadanas sobre el Estado constituye un factor decisivo en la así llamada crisis de representación que tensa la relación entre el orden político y la sociedad civil.
Finalmente, el problema de la ciudadanía. De los múltiples aspectos que esta cuestión evoca, uno posee especial preeminencia: los niveles actuales de desigualdad constituyen el principal impedimento para la plena constitución de una ciudadanía autónoma. En los últimos treinta años, el sostenido avance del desempleo y la pobreza han sumido a muchos de nuestros compatriotas en el desamparo. Hasta el momento, ninguna administración ha sido capaz de revertir este declive. La Argentina, pese a ser un país de desarrollo intermedio, hoy condena a una existencia insegura y precaria a más de un tercio de su población. Niveles acentuados de privación material siempre van acompañados de dificultades para organizarse en la esfera pública, demandar la atención del Estado, acceder a la justicia, o ejercer los derechos consagrados por la Constitución. Más que cualquier otro sector de nuestra comunidad, los más vulnerables se hallan a merced de las fuerzas partidarias y las iniciativas estatales que atienden de manera selectiva sus demandas. Un mínimo de igualdad, del que la Argentina todavía está muy lejos, constituye una condición imprescindible para asegurar el derecho ciudadano a la participación en la vida colectiva.
Horacio Gonzalez
Director de la Biblioteca Nacional.
Profesión: sociólogo
Edad: 66 años
Libros: Retórica y Locura, para una teoría de la cultura argentina, La crisálida, dialéctica y metamorfosis, Filosofía de la conspiración y Restos Pampeanos , entre otros.
El primer obstáculo que percibimos es el de las recaídas constantes en una historia repetitiva: nuestro país tiene una historia fuerte, bien contada por las distintas corrientes historiográficas, una selección de figuras que siguen combatiéndose entre sí en el parnaso de los héroes, que motiva que de tanto en tanto se vuelvan a escuchar, aplacados, los destellos antagónicos entre Sarmiento y Rosas, o entre Alberdi y Sarmiento, entre Roca y Mitre, entre Perón y sus diversas descendencias políticas. Hubo batallas que interrumpieron un derrotero e intentos de reinterpretarlas a favor de los vencidos. Hubo vencidos que retornaron desde las brumas. Ninguna historia es lineal, acumulativa o circular.
Pero a lo largo de la historia nacional, se sintió el peso recurrente de la repetición, que es la forma fácil de comprender los acontecimientos. Cuando esto ocurrió existieron fuerzas intelectuales que se lanzaron a romper esos sortilegios binarios, que a veces son mitos disecados. A diferencia de los mitos silenciosos y yacentes que siempre recreamos en nuestro lenguaje. Los primeros son obstáculos. Los segundos, no.
En 1837, la magnífica décima palabra simbólica escrita por Alberdi pudo imaginar lo que llamó "abjuración" de las corrientes enfrentadas que hasta dominaban la escena con ensambles apenas binarios. Se trataba entonces de "superar" lo que ofrecían unitarios y federales. ¿Pero era alcanzable ese ideal superador? A lo largo del siglo veinte no hay fuerza política que, aun siendo mayoritaria, no lo haya intentado. Lo hizo el peronismo del 73, pero quizás también el de los orígenes, el Alfonsín del 83 y quizás también la "democracia social" que en medio de conocidas dificultades intentó Yrigoyen, incluso lo que se formuló en los primeros tiempos de Kirchner, por no hablar de lo que siempre estuvo latente en el extinto Frepaso: "un tercer movimiento histórico". Recrear la historia popular quizás reclama hoy grandes gestos equivalentes, respetando legados y ampliando horizontes intelectuales.
En segundo término, percibo que ante la necesidad de profundizar la democracia -lo que debe entregarle inevitablemente notas de sensibilidad social nuevas-, deben resguardarse los nuevos derechos que emanan de una revisión de las raíces restrictivas que se evidenciaron en nuestros cuerpos legales y visiones culturales, aun considerando que la Constitución Nacional siempre respaldó formas abiertas ante corrientes culturales provenientes de "todos los pueblos del mundo". La afirmación de derechos de los pueblos preexistentes, de nuevas comunidades y formas de interrelación personal o familiar, de conceptos y estilos comunicacionales, presuponen analizar con espíritu innovador la propia formación del Estado Nacional y sus atributos, voluntaria o involuntariamente coactivos, que impiden nuevos pactos culturales de amalgama social y popular. Estas carencias imposibilitan también la reafirmación de las fuentes creadoras del trabajo. Reafirmación que es una vieja idea emancipatoria que se remonta a los orígenes del sindicalismo argentino. La idea de pueblo-mundo, otra vez de Alberdi, puede ser inspiradora en este caso.
Por último, hay que tener la perspicacia colectiva de entrever obstáculos políticos que provienen de la carencia de un ámbito que sea propicio al fervor de las filosofías sociales, anunciadoras de los cambios necesarios, embebidas de universalismo creativo y enraizadas en las singularidades de la historia nacional, tal como en el siglo XIX lo promovió el joven Alberdi, en el siglo XX Carlos Astrada y, más cercano a nosotros, el vastísimo movimiento de derechos humanos del que hay que extraer conclusiones genéricas sobre la condición humana en el marco concreto de una nación inacabada, donde perduran aún muchas injusticias.
Estos y otros mojones relevantes muestran cómo se percibieron los obstáculos pero también la manera de superarlos.
Roberto Cortes Conde
Profesor emérito, Universidad de San Andrés.
Profesión: abogado con posgrado en sociología
Edad: 78 años
Libros: La economía política de la Argentina en el siglo XX, Historia Económica Mundial. Desde el Medioevo hasta los tiempos contemporáneos y Auge y Decadencia de la Argentina en el siglo XX.
Una mirada retrospectiva sobre el camino recorrido hasta este Segundo Centenario es bastante decepcionante. Mientras que entre 1870 y el Primer Centenario la economía creció al doble del ritmo del mundo, entre la Segunda Guerra y el fin del siglo XX lo hizo a la mitad. No sólo se quedó detrás de los países desarrollados, también de Brasil y México. Esto no se limitó a la economía: los resultados de las últimas encuestas internacionales de educación muestran un retraso significativo. No es que en el Centenario todo estuviera bien. Existieron tensiones sociales y políticas, pero la protesta no siempre va unida a la miseria y la agitación era común a los países adelantados. Los registros de crecimiento son notoriamente distintos. No se trata de que el país no tuviera capacidad de crecer, tuvo períodos de importante expansión aunque nunca llegaron a sostenerse en el tiempo. Hasta la segunda mitad del siglo XX la reversión de la tendencia se debió a factores externos, guerras y crisis mundiales pero, desde entonces, a políticas internas, y las ondas expansivas no alcanzaron a más desde diez años. El problema es hoy, todavía, tener la capacidad de un crecimiento sostenible en el tiempo.
El bajo crecimiento fue causado por la incapacidad de la industria local protegida para competir en los mercados mundiales y por la baja producción del sector agrario, que incidió en el lento crecimiento de las exportaciones que no siguieron el ritmo del comercio mundial. Los objetivos de protección y pleno empleo de posguerra promovieron actividades industriales de baja productividad. El retraso tecnológico en los años cincuenta fue notable y las políticas de cambio discriminatorias hicieron más caras las importaciones de bienes de capital. Como las actividades de baja productividad no podían pagar salarios altos, se mantuvo su poder adquisitivo bajando los precios de los alimentos y de los transportes y energía, lo cual produjo severas carencias de infraestructura que pesaron negativamente sobre la producción e incidieron, entre otras causas, en déficit fiscales cuando se subsidiaron las tarifas. No se promovieron políticas para mejorar la calificación de la mano de obra (aumentando la calidad del valor agregado del trabajo) por medio de la educación. Se confió en las devaluaciones para mejorar la productividad, sin advertir que el mayor margen de rentabilidad del comienzo de una devaluación se agotaba cuando los precios domésticos subían más que los internacionales y que era imposible devaluar continuamente sin caer en una explosión inflacionaria. En el sector agropecuario las políticas discriminatorias de alimentos baratos se reflejaron en su baja producción y en exportaciones que subían lentamente, lo que fue un limitante del crecimiento. Durante la mayor parte del siglo la baja rentabilidad del agro, debida a precios distorsionados por los gobiernos, desalentó la incorporación de mejoras tecnológicas.
La inflación fue causa de los serios desequilibrios fiscales y monetarios y el retraso de la economía. En su origen se debió al financiamiento, con dinero de los gastos del gobierno, con variados objetivos: subsidiar consumos, brindar créditos a tasas negativas, alimentar políticas clientísticas y un desmesurado aparato estatal. El temor confiscatorio produjo una continua fuga de capitales y el déficit de balance de pagos, todo lo cual llevó a devaluaciones reiteradas seguidas de recesión. Cuando el público dejó de usar la moneda local se terminó el recurso de la emisión de dinero y el gobierno se endeudó a tasas crecientes. La deuda alcanzó niveles imposibles y, tras un cuarto de siglo de inflación de tres dígitos y con un crecimiento negativo, se llegó al estallido hiperinflacionario de 1989-90.
Tras la crisis de la convertibilidad, una revolución tecnológica en el agro, la devaluación que aumentó por un tiempo la rentabilidad empresarial y la reestructuración de la deuda abrieron una nueva fase de crecimiento. Sin embargo volvieron los desequilibrios fiscales, la apropiación de ahorros y una fuerte expansión del gasto en medio de una preocupante inflación. La impresión es que esto ya se ha visto. Si todo se repite, es poco probable que el crecimiento pueda sostenerse en el tiempo.
Fuente: Nudos que ataron el despegue argentino - La Nación - 23/05/10
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